EN EL DÍA DE LOS INOCENTES, DEBEMOS RECORDAR QUIENES FUERON AQUELLOS INOCENTES.

¿Cómo responde la Justicia argentina cuando un chico víctima o testigo de algún delito acude a ella? La respuesta por ahora, lamentablemente, es sólo una: depende.¿De qué?
De cómo los distintos organismos judiciales se hayan adecuado a los procedimientos que estableció en 2004 la reforma del Código Procesal Penal de la Nación, tendientes a reducir el trauma y la revictimización asociados a prestar declaración ante un juez o tribunal en las mismas condiciones en las que lo hace un adulto. Una reforma que en los hechos no se aplica en todos los lugares de la misma forma y, en otros, ni siquiera aplica. Y, también, una reforma que tuvo un antecedente que puso el tema en discusión pública dos años antes y sirvió para ejemplificar lo que le ocurre a muchos chicos y chicas que acuden a la Justicia luego de una situación tan traumática.
Fue a partir de la historia de un niño de cuatro años, que vivía en Capital Federal, que era abusado por su padrastro. Al enterarse de esto, su madre realizó la denuncia en la Policía Federal, y a partir de eso, el niño fue sometido a una decena de intervenciones judiciales, entre estudios, pericias y declaraciones testimoniales con el pretexto de obtener más y más información. Cuatro años después de la denuncia, el caso no había sido resuelto, al tiempo que la madre realizaba numerosas presentaciones de recursos para lograr que su hijo deje de ser violentado por el propio Poder Judicial, pero sin respuesta alguna.
La próxima instancia a la que acudió fue la Corte Suprema de Justicia y desde allí recién llegaron las respuestas: un fallo de ese alto tribunal revocó la decisión de una jueza de primera instancia que pedía una nueva declaración testimonial del niño y aseguró que el daño psicológico que este podía sufrir por las reiteradas convocatorias y exámenes resultaba irreparable. Fue este primer caso el que puso en evidencia las numerosas y gravísimas falencias en los órganos del Estado argentino para abordar situaciones vinculadas con los chicos víctimas de delitos, especialmente el abuso.

Y fue a partir de ahí que empezaron a visualizarse algunos cambios. Pero todavía queda mucho por hacer.
“Esa fue la primera vez que la Corte dijo algo del tema y eso fue importante. Fue en el año 2002 y la nena ya tenia 8 años, el hecho había sucedido cuando ella tenía 4.
Es cierto que a partir de ahí empezó a dársele más relevancia al problema, que hasta entonces era una practica habitual. Pero también es cierto que la madre era abogada y tenía más recursos para poner en evidencia esta situación, algo que no siempre pasa”, asegura Mariano Nino, de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), que trabaja capacitando a miembros del Poder Judicial de todo el país para mejorar el abordaje de estos casos.
Hasta el momento del fallo, casos como este eran tratados con una lógica poco respetuosa del derecho de niños y niñas.

Con la excusa de lograr más información y corroborar que sean ciertos los dichos, se sometía a chicos y chicas a múltiples entrevistas, exámenes y pericias, que casi siempre resultaban excesivos e inadecuados.
“Eran realizados por diferentes operadores como policías, médicos, jueces, funcionarios del juzgado, psiquiatras, sin entrenamiento específico para la tarea. Por otro lado, los ámbitos en los que se atendía a niños y niñas eran los mismos que se usaban para trabajar con adultos, o sea, consultorios y despachos sin divisiones adecuadas para aislar los sonidos y preservar la intimidad, con decoración intimidatoria para cualquier adulto, por lo tanto peor para un niño, o con pasillos donde circulan muchas personas, incluso policías con detenidos esposados”, agrega Nino.
¿Cuál era el resultado de esto? Que los chicos rememoraban una y otra vez la situación vivida, con el consiguiente estrés y efecto postraumático que ello genera. Lo que se conoce como revictimización.
Por Adrián Arden
Fuente: Periodismo Social.- Con la colaboración de Mariano Nino y Sabrina Viola, de ADC