Una Ciudad Bien Pensada

Como este conjunto de carteles es el mensaje extraño que nos dan nuestro queridos vecinos avidos de poder.

Los destructores de nuestro Futuro, los inventores de todo tipo de estratagemas con el fin de confundirte y en medio del río revuelto ¿ganancias de pescadores o PECADORES, por mentirle al pueblo?.

Quieren decirnos algo, pero sus hechos hablan tan fuerte que no nos dejan oír lo que dicen.

Existen varios formatos para hacer propaganda política uno de ellos es destruir lo que otro hizo y sobre las ruinas de éste levantar un monumento.

Una indagación que acaba de empezar puede ser la primera que revele cómo se arman indudablemente los negociados ilícitos en torno de la obra pública, beneficiando para ello a los testaferros, prestanombres, cambistas y paraísos fiscales, en una ruta compleja que conduce a quedarse con lo ajeno.

Por esta razón corresponde aplaudir sin retaceos la actitud frontal y digna de varias empresas argentinas abastecedoras de la construcción, que convinieron al denominado Acuerdo Integral de Transparencia con la organización no gubernamental Poder Ciudadano, a fines del año último. La finalidad de este compromiso es asegurar la transparencia y combatir la corrupción, eliminando la deslealtad y la delincuencia en los negocios vinculados con la obra pública.

Ese compromiso, que debería difundirse ampliamente, ha sido ya refrendado, en materia de tuberías y desagües, por sus participantes con el municipio de Rosario, el segundo más importante del país, hoy gobernado por un intendente y vecino que aparentemente quiere las cosas claras. Sería apasionante que muchos más municipios se plegaran rápidamente a la iniciativa, lo cual hasta ahora no ha sucedido.

Lo que nuestros Concejales nunca consiguieron y solo usan de su poder para aparecer mediaticamente es lo que sigue a continuación.
Sindicatura, ellos dirán es una materia pendiente. Una materia que tendrían que haber aprobado al inicio de su gestión.

Entre las características salientes del referido acuerdo está la aceptación de verificaciones (auditorias) por parte de expertos independientes externos, durante y después de la contratación, lo cual constituye una saludable práctica republicana.

La idea central de este primer convenio sectorial de transparencia tendría que ser adoptada sin demoras por la administración pública en todos los niveles: federal, provincial y municipal, así como por los organismos de crédito y entidades financieras públicas y multilaterales. De este modo se contribuiría a levantar, en nuestro medio al menos, el pesado manto de sospecha que flota permanentemente sobre las contrataciones para las obras públicas. No sólo por la sensación de que hay prácticas vergonzosas, sino porque se conocen casos verdaderamente escandalosos -públicos y notorios- en los cuales los controles y las auditorías de la actividad de los funcionarios del Estado están insólitamente en manos de parientes de los propios controlados, lo que ciertamente no es republicano ni ético.